Reforma de pensiones: lo político tiñe lo técnico

El 24 de julio de este año pasó desapercibido. Ese día se cumplieron ocho años desde el inicio de las protestas masivas del movimiento “No+AFP”. Miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades del país para pedir cambios en el sistema previsional. Su líder de entonces, Luis Mesina, incluso sonó como candidato presidencial. La presión fue tal, que meses más tarde la expresidenta Michelle Bachelet anunció el ingreso de una reforma de pensiones, la primera en diez años luego de que en su anterior mandato se introdujera el pilar solidario. La idea era aumentar la cotización en cinco puntos porcentuales con cargo al empleador, con tres décimas destinadas a la cuenta individual y dos a un nuevo sistema de ahorro colectivo.

Hoy, la idea es subir la tasa del actual 10% a 16%. Pero el nudo, sigue siendo la distribución de esa alza.

Décimas más, décimas menos, han pasado siete años desde ese anuncio. Y la reforma de pensiones sigue entrampada. ¿Es culpa de la política? Cada reforma ha tenido resistencia de la oposición de turno, pero eso es señal de falta de política.

Hay señales alentadoras. La figura de la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, estaba generando resistencia. A diferencia de 40 horas, no logró sellar acuerdos ni con el sector privado ni con la oposición. Finalmente, el ministro Mario Marcel tomó el mando en la reforma de pensiones. ¿El regreso de lo técnico? No necesariamente. El acuerdo marco que presentó tiene más de consenso político que sustento en los números.

Como primera medida se plantea que del alza de seis puntos, tres vayan a la cuenta de capitalización individual, uno a un nuevo sistema colectivo -o de reparto- y dos sean entregados como préstamo transitorio al Estado para subir de manera inmediata las pensiones de los actuales afiliados. Aunque no se ha planteado como tal, la idea reflota el concepto de cuentas nocionales. Es decir, se deja registro de la cotización, pero los fondos no estarían de manera efectiva como saldo.

Esta idea fue rechazada en el primer intento de reforma, pero ahora resurge como puente para lograr elevar las pensiones más allá de la PGU. Con el componente además de no sobrecargar las cuentas públicas, porque permitiría al Estado aportar menos desde las arcas fiscales. Un sello que recuerda al antiguo cargo de director de Presupuesto del actual ministro de Hacienda. De todas maneras implicará mayor gasto, aunque de manera transitoria. Ni hablar de la complejidad de comunicar la propuesta hacia la población.

Pero lo que ha generado mayor resistencia es la idea de separar la industria para terminar con las AFP. Tener a una entidad administrando las inversiones y a otra gestionando la recaudación y el pago de los dineros. Algo en lo que insistió la ministra Jara, pero que según la Comisión Técnica, convocada por el mismo Gobierno, no genera mayores beneficios en el sistema previsional. Es un tema político. ¿La solución? El consenso estaría ahora en permitir que las mismas administradoras puedan crear nuevos negocios. Es decir, que las mismas AFP -con otro nombre y rut- puedan invertir las carteras y también participar en la gestión del negocio. Serían los mismos actores, pero aptos al discurso del Gobierno.

Con esto, la esperanza es que la oposición acepte la idea de licitar carteras de actuales afiliados, otra propuesta que ha generado resistencia. Actualmente, los nuevos afiliados que entran al sistema son “ofrecidos” a la AFP que presente las menores comisiones, con lo que se incentiva la competencia. Esto ha permitido que las comisiones ponderadas (en base al número de cotizaciones) hayan caído desde un 1,49% (previa a la primera licitación de cartera de nuevos afiliados, en 2008) al 1,22% actual según Ciedess. Es decir, una reducción del 18,4%. La oposición ha planteado que de participar el Estado, podría autoelegirse como ganador una y otra vez. Sin embargo, hay cortapisos: no se puede superar el 30% de los activos gestionados.

Con todo, la gran pregunta es: ¿subirán las pensiones con la nueva propuesta? Sí. ¿Fue la mejor alternativa? El cliché es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Después de casi una década de espera, es momento de avanzar para mejorar el sistema no sólo en el monto de la jubilación, que subió de manera considerable después de la introducción de la Pensión Garantizada Universal. Lo que está en juego es inyectar mayor competencia y legitimidad al sistema.

El riesgo de no aumentar las jubilaciones para la clase media es que la rabia nuevamente se vuelque a las calles y que de una fórmula de 3-2-1 pasemos a un aumento desmedido de la PGU con cargo a las arcas fiscales. Una pesadilla por la cual el ministro Marcel seguramente está dispuesto a dejar que la política tiña lo técnico.